El área verde está protegida como Monumento Histórico, y el fallo judicial responde a una demanda presentada por los vecinos
La construcción de un núcleo de sanitarios dentro del Jardín Botánico de Palermo ha generado un nuevo capítulo, esta vez favorable a la demanda vecinal. La Justicia rechazó la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad, que buscaba anular la medida cautelar de primera instancia que detuvo la construcción de los baños.
Esta situación comenzó hace un año, cuando el Gobierno porteño, sin el aval de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, inició la construcción de baños dentro del Jardín Botánico. Este espacio verde, diseñado por el paisajista francés Carlos Thays e inaugurado en 1898, es Monumento Histórico Nacional. Por esta razón, la Comisión supervisa este bien catalogado y aprueba, o no, obras, modificaciones o trabajos de restauración.
Además del permiso de la Comisión, los vecinos consideraron que la construcción causaba daño a un bien de gran valor, no solo patrimonial, sino también ambiental. Asimismo, la construcción de estos baños alteró completamente la vista desde y hacia el parque. La obra se encuentra ubicada en la calle República Árabe Siria, en su intersección con Berutti.
El fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo -integrada por los jueces Carlos Francisco Balbín, Fabiana Haydée Schafrik y Pablo César Mántaras- confirmó la medida cautelar dictada por la jueza de primera instancia, Romina Tesone, que paraba la obra. Y además impuso las costas de la causa judicial al Gobierno porteño.
La Cámara señala en su fallo que su decisión «no implica adelantar opinión respecto de lo que eventualmente se resuelva sobre el fondo de la acción». Esto significa que no ordena la demolición de lo ya construido.
Anteriormente, los vecinos lograron reunirse en varias ocasiones con las autoridades del jardín y con funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente, responsable del parque, pero no consiguieron llegar a un acuerdo. Entre otros argumentos, la Ciudad sostenía que la afluencia de público hacía necesaria la construcción de más baños y desconocían la obligación legal de solicitar la autorización correspondiente a la Comisión.