El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un endurecimiento de las sanciones para quienes falsifiquen, adulteren o utilicen de manera irregular carteles de reserva de estacionamiento destinados a personas con discapacidad. La nueva medida contempla la suspensión preventiva de la licencia de conducir de los infractores, multas económicas, el pago de los costos del operativo de remoción y, en los casos más graves, la presentación de denuncias penales.
La decisión se enmarca en el plan de ordenamiento del espacio público que impulsa la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Según informaron desde la administración porteña, en lo que va del año ya fueron retirados más de 400 carteles que ocupaban de manera irregular espacios de estacionamiento reservado.
Durante los controles, las autoridades detectaron permisos adulterados, carteles falsificados, credenciales vencidas e incluso reservas otorgadas a nombre de personas fallecidas, situaciones que derivaron en una mayor fiscalización sobre este tipo de señalización.
“Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden”, afirmó Jorge Macri.
Controles más estrictos
La Secretaría de Tránsito intensificará las inspecciones sobre la cartelería instalada en la vía pública. Cuando se detecten irregularidades, se retirará de inmediato la señalización y se iniciarán las actuaciones correspondientes.
En los casos en que se compruebe la falsificación o adulteración de los carteles, se radicará una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de un delito. Antes del inicio de una causa penal, los presuntos infractores tendrán la posibilidad de presentar un descargo. Además, se dispondrá la suspensión preventiva de la licencia de conducir de la persona involucrada mientras avanzan las actuaciones administrativas.
Los infractores deberán asumir todos los costos
La nueva normativa también establece un criterio de responsabilidad económica directa. Quienes hayan instalado o modificado deliberadamente la señalización deberán afrontar los gastos ocasionados por el operativo de remoción del cartel y la restitución del mobiliario urbano, incluida la pintura del cordón.
Las sanciones económicas previstas alcanzan hasta los $200.000 para quienes exhiban certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no cumplan con la normativa vigente, y hasta $100.000 para quienes instalen señales de tránsito sin autorización o alteren la señalización vial oficial.
Proyecto para modificar el Código Contravencional
Como parte de esta política de control, el Gobierno porteño enviará a la Legislatura un proyecto de ley para incorporar al Código Contravencional la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad como una contravención específica.
Desde la Ciudad señalaron que el objetivo es garantizar el uso legítimo de los espacios reservados, proteger los derechos de accesibilidad de las personas con discapacidad y evitar la apropiación indebida del espacio público mediante prácticas fraudulentas.
