La empresa que explota el complejo de oficinas en Palermo llegó a un acuerdo con la Ciudad para no abonar el canon por 96 meses
El edificio Paseo Gigena ha resultado ser un mal negocio para las finanzas de los porteños. Este complejo de oficinas y locales, levantado sobre el antiguo estacionamiento del Hipódromo de Palermo, necesitará una obra de gran envergadura, estimada en al menos $3.019 millones, para corregir un fallo en su planificación. Además, la empresa concesionaria, que ya explota comercialmente el predio, no abonará el canon a la Ciudad de Buenos Aires hasta junio de 2032, gracias a un acuerdo alcanzado en 2023.
La empresa concesionaria, integrada por BSD Group y Fideicomiso Dorrego, ya cuenta con al menos un inquilino en sus oficinas: la fintech argentina Ualá, fundada por Pierpaolo Barbieri. En septiembre, Ualá trasladó su sede central al edificio junto a los bosques de Palermo, ubicado en Dorrego y Libertador. La compañía ocupará aproximadamente 2.000 metros cuadrados, con capacidad para albergar a más de 1.500 personas, según informó la misma.
Los alquileres de oficinas en Paseo Gigena están tasados en dólares, según las publicaciones en portales inmobiliarios. El costo por metro cuadrado varía entre US$32 y US$36 para alquileres. De acuerdo con estos valores de referencia, un espacio como el ocupado por la empresa mencionada rondaría un mínimo de US$64.000 mensuales. Sin embargo, la concesionaria paga el canon a la Ciudad en pesos o, más precisamente, comenzará a abonarlo recién en ocho años, tal como figura en el acta de inicio de la explotación comercial.
La licitación y adjudicación del predio fue realizada durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En junio pasado, la administración de Jorge Macri firmó el acta de inicio de la explotación, dando así comienzo formal al uso comercial del predio. La Ciudad sostiene en el acta que constató que la concesionaria realizó las obras y tareas a su cargo. Suscribió un acta de finalización de obra y concluye: “Se encuentran dadas las condiciones para proceder al inicio de la explotación comercial”.
En la siguiente cláusula, la Ciudad dejó asentado que el concesionario “exime de responsabilidad al Gobierno de la Ciudad y se compromete a mantenerlo indemne” por los daños materiales que se pudieran ocasionar al inmueble, su estructura, los elementos emplazados en el mismo así como en los restantes bienes que se encuentren dentro del predio en caso de que existiera una “rotura, filtración o cualquier otro evento que pudiera suceder dentro del predio concesionado con las Líneas 1 y 2 que forman parte de la red primaria de provisión de agua corriente y que se encuentran emplazadas en el predio”.
La Ciudad también estableció que la empresa a cargo de la explotación del predio no podrá exigirle compensación alguna por las consecuencias materiales y económicas de la gran obra que deberá llevar adelante el gobierno porteño para desviar el curso de los caños maestros de Aysa. Esta obra, estimada en al menos $3.019 millones, será financiada por los contribuyentes de la Ciudad.
