En la Ciudad hay unos 657 mil juicios de la AGIP que están involucrados en la operatoria judicial con mandatarios
Un decreto emitido por el jefe de Gobierno fija una significativa disminución en las sumas que los residentes de Buenos Aires deben abonar a los representantes para resolver asuntos legales relacionados con la regularización de deudas ante la Ciudad en concepto de impuestos como el ABL, las patentes o los ingresos brutos.
«El objetivo de estas medidas es encontrar mecanismos más equilibrados, más justos, para que los vecinos puedan ponerse al día con deudas que tienen con la Ciudad, deudas morosas que han contraído, pero que tienen que ver también con el contexto económico en el que vivimos«, dijo Jorge Macri en la sede comunal 12 junto al ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el Procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, y Germán Krivocapich, coordinador general de AGIP.
En la Ciudad hay unos 657 mil juicios de la AGIP que están involucrados en la operatoria judicial con mandatarios. El Jefe de Gobierno sostuvo que “la cultura de pago y cumplimiento de los impuestos en la ciudad de Buenos Aires es muy alta, pero cuando hay crisis profundas, muchos, muchas veces, tropiezan y quedan con deudas”, y advirtió que “eso generaba un mecanismo, complejo y a veces hasta injusto, sobre todo en lo que hace a deudas pequeñas”.
La medida tiene como objetivo ofrecer respuestas al sistema actual, el cual ha resultado en que muchos vecinos acumulen cantidades exorbitantes debido a los honorarios asociados con estas acciones judiciales realizadas por los representantes. En ciertos casos, estos honorarios han excedido en un 260 % el monto de las deudas originales.
Además, esta solución cumple con un compromiso adquirido con los ciudadanos de la Ciudad por parte de Jorge Macri, quien afirma que los procedimientos deben ser sencillos y eficientes. La simplificación del gobierno es una parte fundamental del compromiso gubernamental con todos los residentes para ayudarles a afrontar futuras obligaciones financieras.
El Jefe de Gobierno explicó lo que suele suceder con este tipo de deudas cuando se judicializan: «Llega la intimación e interviene un mandatario que tiene un mecanismo de honorarios que no dependía de nosotros, sino de lo que define el sistema judicial, que se llama UMA, y que generaba distorsiones muy grandes«.
Actualmente, los vecinos que tienen deudas con el Gobierno de la Ciudad en servicios como el ABL, las patentes y los ingresos brutos son asignados a un representante legal para que gestione el cobro de la deuda a través de procesos judiciales.
Este representante tiene garantizados honorarios mínimos basados en la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), que actualmente es de $68,285. Sin embargo, este valor ha generado una distorsión en la relación entre la deuda original y el costo del trabajo realizado, haciendo que este último sea considerablemente superior a la deuda misma.
El cambio que impulsa el decreto del Jefe de Gobierno impone un tope y que se paguen montos razonables en concepto de honorarios. Si el honorario es mayor que la deuda, se le pone un tope: no podrá ser más del 20 %.
Otro punto importante que se modifica es que a partir de ahora se unifican todas las deudas en un solo reclamo judicial y se pagará honorarios a un solo mandatario. Hasta ahora si alguien tenía deudas de tres servicios distintos era derivado por la AGIP a tres mandatarios distintos.
