La Ciudad modifica el estatus jurídico de la empresa que administra el Subte

SBASE tendrá un nuevo estatuto más cercano al espíritu de reestructuración de empresas públicas
SBASE pasó a ser una sociedad unipersonal

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con un cambio jurídico y administrativo clave en la gestión del transporte público porteño. A través del Decreto N.º 20 de la Jefatura de Gabinete, publicado este lunes 19 de enero en el Boletín Oficial de la Ciudad, se dispuso la transformación de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.).

Hasta ahora, SBASE operaba bajo la figura de Sociedad del Estado, regulada por la Ley Nacional 20.705, un esquema que imponía procedimientos administrativos propios del derecho público. Con la nueva decisión, la empresa pasará a regirse por la Ley General de Sociedades (19.550), adoptando un formato más cercano al derecho privado, aunque sin alterar la titularidad estatal: el 100% de las acciones continuará en manos del Gobierno porteño que encabeza Jorge Macri.

Desde el entorno del jefe de Gobierno explican que el objetivo central de la modificación es mejorar la eficiencia operativa. Bajo el esquema anterior, los procesos de contratación, la gestión de recursos humanos y las decisiones financieras estaban condicionados por controles administrativos preventivos que ralentizaban la operatoria. Con la conversión en S.A.U., se apunta a agilizar las contrataciones, facilitar acuerdos con proveedores y socios estratégicos y dotar a la empresa de mayor capacidad para acceder a financiamiento y a los mercados de capitales. También se busca fortalecer la transparencia y la gobernanza corporativa, mediante esquemas de auditoría y directorios con un perfil más ejecutivo. Las autoridades insisten, no obstante, en que no se trata de una privatización del servicio, sino de una modificación de la estructura jurídica que lo administra.

La decisión, sin embargo, no está exenta de cuestionamientos. Algunos sectores advierten que el encuadre en el derecho privado podría derivar en un relajamiento de los controles de organismos como la Auditoría General de la Ciudad. Otros expresan su preocupación por que la figura de la S.A.U. sea un paso previo a una eventual venta de acciones, aunque la normativa vigente mantiene el control en manos del Gobierno de la Ciudad.

Más allá de esos reparos, el Ejecutivo porteño sostiene que SBASE continuará cumpliendo su misión pública, ahora bajo una lógica de gestión corporativa. El impacto real de la transformación se evaluará, principalmente, en la capacidad de la empresa para ejecutar obras de expansión de la red y mejorar las frecuencias del servicio, dos aspectos históricamente afectados por restricciones presupuestarias y burocráticas.

El decreto recuerda que SBASE fue creada en 1977 mediante la Ley Nacional 13.653 como sociedad del Estado y que su control fue transferido posteriormente a la Ciudad para ejercer la regulación y el control del servicio público de subterráneos dentro de la jurisdicción porteña, así como de las nuevas líneas o ampliaciones. Actualmente, la empresa tiene a su cargo el desarrollo, la administración y el mantenimiento de la infraestructura del Subte, además de la gestión de los sistemas de control de la operación del servicio, concesionado a Emova, del grupo Roggio.

En los considerandos de la norma también se menciona que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 derogó la Ley de Sociedades del Estado y estableció que las empresas con participación estatal deben transformarse en sociedades anónimas regidas por la Ley General de Sociedades. En ese marco, el capital social de SBASE fue fijado en $1.184 millones, representado por igual cantidad de acciones nominativas ordinarias de un peso cada una, con la posibilidad de ampliarlo hasta cinco veces ese monto mediante escritura pública.

Pese al cambio de figura jurídica, SBASE mantendrá su objeto social: la prestación y regulación de servicios públicos de transporte de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires y, por extensión de sus recorridos, en territorio provincial. Asimismo, conservará el control sobre el desarrollo, la administración y la expansión de la red de subterráneos, la ejecución de obras de modernización y el manejo del patrimonio ferroviario, incluyendo los proyectos financiados a través del Fondo Subte.

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