El sector gastronómico porteño atraviesa uno de sus momentos más críticos en años, y las medidas de alivio fiscal ya no logran disimular la magnitud del problema. Con la actividad en retroceso, bares, restaurantes y hoteles enfrentan una caída sostenida que obliga al Gobierno de la Ciudad a sostener beneficios impositivos de emergencia.
En ese contexto, la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) mantiene abierto, hasta el 31 de marzo, el plazo para solicitar la exención del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) por seis meses. La decisión, lejos de ser un gesto aislado, funciona como un indicador claro del deterioro que atraviesa uno de los rubros históricamente más dinámicos de la economía local.
Hasta el momento, 4.267 inmuebles ya accedieron al beneficio, una cifra que expone el alcance del problema. La exención rige para el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2026, y contempla además mecanismos de compensación para quienes ya hayan abonado cuotas: los montos se descontarán en pagos futuros o se transformarán en crédito fiscal para el próximo año.
Sin embargo, el foco no está en el alivio sino en la causa. La necesidad de este tipo de medidas revela un escenario de retracción que golpea de lleno al consumo y deja a cientos de comerciantes al borde de la asfixia financiera. Costos en alza, menor circulación y un público cada vez más restringido configuran una ecuación difícil de sostener, incluso con beneficios impositivos.
Desde el organismo que conduce Germán Krivocapich aseguran que el objetivo es “acompañar” al sector. Pero la continuidad de estas herramientas expone una realidad más incómoda: el problema no es coyuntural, sino estructural. La gastronomía, muchas veces presentada como un motor clave del ecosistema urbano, hoy muestra señales de agotamiento. Y mientras las prórrogas se acumulan, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: cuánto más puede resistir un sector que ya viene funcionando en modo emergencia.
