A partir del próximo 17 de junio, el Ecoparque de Buenos Aires dejará de ser completamente gratuito. La medida anunciada por el Gobierno porteño establece que los vecinos con domicilio en la Ciudad continuarán ingresando sin cargo, mientras que los turistas extranjeros deberán abonar una entrada diferencial. Hasta allí, la decisión puede resultar comprensible: quienes visitan el país de manera ocasional y no contribuyen al financiamiento cotidiano de los servicios públicos pueden realizar un aporte para sostener un espacio de conservación y educación ambiental de relevancia internacional.
Sin embargo, la polémica surge cuando la misma lógica se aplica a ciudadanos argentinos que viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Según el nuevo esquema, cualquier residente del interior del país o del conurbano bonaerense deberá pagar casi 10 mil pesos para ingresar al predio, pese a compartir la misma ciudadanía y contribuir, directa o indirectamente, al sostenimiento del Estado nacional.
La medida reabre una discusión de fondo sobre el carácter de los espacios públicos y culturales de la Capital Federal. Si bien el Ecoparque es administrado por el Gobierno porteño, forma parte de un patrimonio histórico, arquitectónico y ambiental que durante décadas fue disfrutado por visitantes de todo el país. El antiguo zoológico, transformado hoy en centro de rescate y conservación, ocupa un lugar emblemático dentro de la oferta turística y educativa argentina.
Desde el Ejecutivo local argumentan que la decisión busca “dar prioridad a los porteños” y garantizar que los recursos aportados por los contribuyentes de la Ciudad se traduzcan en servicios de calidad. No obstante, la diferenciación entre argentinos según su domicilio genera interrogantes. ¿Es razonable que un vecino de Córdoba, Mendoza, Tucumán o Santa Fe tenga que pagar para acceder a un espacio público que históricamente fue abierto a todos los ciudadanos del país?
El criterio podría entenderse en el caso de turistas extranjeros, como ocurre en numerosos destinos internacionales donde existen tarifas diferenciadas para visitantes internacionales. Pero establecer una barrera económica para otros argentinos parece contradecir el espíritu integrador que deberían promover los espacios de educación ambiental, cultura y recreación.
El Ecoparque cumple una función que trasciende a la Ciudad. Sus programas de conservación, rescate de fauna silvestre y educación ambiental tienen impacto nacional. Allí se desarrollan iniciativas vinculadas a especies autóctonas, biodiversidad y protección de ecosistemas que benefician al conjunto del país. Por eso, muchos consideran que restringir el acceso gratuito a argentinos no residentes resulta una decisión difícil de justificar.
La sustentabilidad económica del predio es un objetivo legítimo. Sin embargo, existen alternativas para financiarlo sin generar diferencias entre ciudadanos argentinos. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la necesidad de recursos y el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de espacios públicos que forman parte del patrimonio común.
La decisión ya comenzó a generar debate y seguramente continuará alimentando una discusión más amplia: hasta qué punto la condición de porteño puede convertirse en un requisito para acceder gratuitamente a lugares que, por su historia y relevancia, son también patrimonio de todos los argentinos.
