La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que beneficia al Hipódromo Argentino de Palermo y rechazó el planteo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que buscaba dejar sin efecto esa protección judicial.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Rogelio Vicenti, Eduardo Moran y Marcelo Daniel Duffy, en el marco de la causa iniciada por Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y La Yungeré S.A. contra organismos porteños vinculados al control y fiscalización de actividades en el predio.
Los magistrados consideraron que el paso del tiempo no constituye un motivo suficiente para levantar la cautelar y señalaron que continúan vigentes los requisitos de “verosimilitud en el derecho” y “peligro en la demora” que justificaron originalmente la medida. Asimismo, recordaron que la protección fue otorgada hasta que exista una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
El conflicto judicial gira en torno a las facultades de la Ciudad para habilitar, controlar, sancionar o clausurar actividades dentro del tradicional complejo ubicado en Palermo. Las empresas demandantes sostienen que el predio forma parte del dominio público federal y que se encuentra concesionado por el Estado nacional, por lo que entienden que la jurisdicción corresponde exclusivamente a autoridades federales.
Con ese argumento, promovieron una acción declarativa de certeza contra la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y la Agencia Gubernamental de Control (AGC), al tiempo que solicitaron una medida cautelar para impedir eventuales clausuras o sanciones mientras se resuelve el litigio. El pedido fue concedido el 27 de diciembre de 2024.
La controversia excede una cuestión administrativa y apunta a definir quién tiene competencia para ejercer el denominado “poder de policía” sobre uno de los principales complejos de entretenimiento, apuestas y espectáculos del país. Durante el proceso también se debatió cuál era la justicia competente para intervenir. El Gobierno porteño impulsó una inhibitoria para que el caso fuera tratado fuera del fuero federal, aunque ese planteo fue rechazado y la Cámara ratificó la intervención de la Justicia Contencioso Administrativa Federal.
No obstante, los camaristas manifestaron preocupación por la escasa actividad registrada en el expediente principal. Según señalaron, transcurrieron casi diecisiete meses desde el otorgamiento de la cautelar sin que se hubiera trabado formalmente la litis y, pese a que en febrero de 2026 se ordenó el traslado de la demanda, todavía no se habían librado las notificaciones correspondientes.
En ese sentido, advirtieron que una prolongación injustificada de esta situación podría llegar a configurar un eventual “abuso del proceso” por parte de quienes obtuvieron la tutela cautelar. También remarcaron que los incidentes relacionados con medidas precautorias no reemplazan la necesidad de avanzar hacia una sentencia definitiva.
Finalmente, la Cámara exhortó a las partes a impulsar el trámite principal y encomendó al juzgado de primera instancia la adopción de las medidas necesarias para evitar que la causa continúe sin avances significativos.
