La Justicia porteña resolvió suspender todas las obras de demolición y remodelación previstas en el estadio Luna Park, en el marco de una causa que cuestiona el alcance de la intervención proyectada sobre el histórico edificio. El fallo establece la paralización total de los trabajos hasta que se dicte una sentencia definitiva.
La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, que revocó un fallo de primera instancia y ordenó detener cualquier avance en la obra.
El emblemático estadio, inaugurado en 1931 por Ismael Pace y José Lectoure, permaneció bajo control de esta última familia hasta 2013. Luego de la muerte de su última propietaria, la titularidad fue transferida a una sociedad integrada por Cáritas Argentina y la Sociedad Salesiana. El recinto se encuentra cerrado desde enero de 2025, cuando comenzó a avanzar un proyecto de “puesta en valor” impulsado en conjunto por el Arzobispado de Buenos Aires, el Gobierno porteño y la Comisión Nacional de Monumentos.
La iniciativa incluye la participación de DF Entertainment y Live Nation como administradoras del espacio, con una propuesta orientada a modernizar el estadio y adaptarlo a nuevas funciones culturales y de espectáculos. Sin embargo, la presentación judicial del abogado Andrés Gil Domínguez cuestionó el proyecto al sostener que “se desnaturaliza la esencia del edificio al incrementar su volumen, reemplazar la cubierta y modificar sustancialmente la fachada”.
Entre los argumentos centrales de las organizaciones demandantes se destaca que los inmuebles con protección estructural no pueden sufrir ampliaciones de volumen ni modificaciones profundas en su interior, ya que esto vulneraría su integridad patrimonial. En ese sentido, reclamaron la intervención de organismos como el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) y la Legislatura porteña.
En su resolución, los camaristas Gabriela Seijas, Horacio Corti y Hugo Zuleta consideraron que el proyecto podría afectar normativas vigentes de protección patrimonial. También señalaron que la intervención implicaría la modificación de más del 20% de la superficie del edificio, lo que exige mayores requisitos legales.
Además, los jueces advirtieron la existencia de indicios de alteraciones sobre el volumen original del estadio, un aspecto especialmente restringido por su régimen de protección. En ese marco, concluyeron que los fundamentos presentados para defender la obra no resultaron suficientes, lo que motivó la suspensión preventiva hasta que se resuelva el fondo de la causa.
