La medida busca reducir la burocracia y los costos administrativos, aunque el Gobierno asegura que continuará con los controles para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores
En un nuevo paso hacia la modernización del Estado, el ejecutivo porteño eliminó la obligación de rubricar la documentación laboral que durante años debían realizar los empleadores ante la autoridad laboral porteña. La decisión implica la eliminación de un trámite administrativo considerado obsoleto tras los cambios introducidos en la legislación nacional y apunta a facilitar la gestión de empresas, comercios y emprendimientos que desarrollan su actividad en la Capital.
La medida establece que, desde el 1° de junio de 2026, ya no será obligatorio rubricar la documentación laboral prevista en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 407/2026. En consecuencia, el período correspondiente a mayo de este año será el último alcanzado por el régimen que ahora quedó sin efecto.
Con esta decisión, la Ciudad elimina un procedimiento que durante décadas formó parte de las obligaciones administrativas de los empleadores. El objetivo es reducir tiempos, costos y cargas burocráticas, sin afectar las facultades de control que mantiene el Estado sobre las relaciones laborales.
El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, sostuvo que la resolución “refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente”. Además, destacó que eliminar trámites sin sustento legal “reduce costos, simplifica procesos y brinda mayor previsibilidad a quienes generan empleo”.
Uno de los aspectos que más remarcaron desde la administración porteña es que la eliminación de la rúbrica no implica una flexibilización de las obligaciones laborales ni una reducción de las inspecciones. La Secretaría de Trabajo y Empleo aclaró que la Ciudad continuará ejerciendo plenamente sus competencias de fiscalización, inspección y sanción previstas por la Ley 265, verificando el cumplimiento de la normativa laboral y de las condiciones de salud, higiene y seguridad en los lugares de trabajo. Es decir, desaparece un trámite administrativo, pero no las responsabilidades que tienen los empleadores respecto de sus trabajadores.
La resolución también contempla una transición para brindar seguridad jurídica. Los expedientes iniciados antes del 1° de junio de 2026 continuarán tramitándose bajo las normas vigentes al momento de su presentación. Además, la Dirección General Relaciones del Trabajo será la encargada de definir cómo se resolverán las solicitudes pendientes y, cuando corresponda, gestionar el reintegro de los aranceles que hayan sido abonados. Al mismo tiempo, el organismo deberá adecuar sus sistemas informáticos, procedimientos administrativos e instructivos internos para adaptarse al nuevo esquema de funcionamiento.
La eliminación de la rúbrica de la documentación laboral representa una medida de impacto para empresas, pymes, comercios y empleadores de la Ciudad de Buenos Aires, que ya no deberán cumplir con un procedimiento que había quedado desactualizado frente al nuevo marco normativo nacional.
Según el Gobierno porteño, la iniciativa forma parte de un proceso más amplio de simplificación administrativa orientado a facilitar la actividad económica, reducir cargas burocráticas y modernizar la relación entre el Estado y el sector privado, sin resignar las herramientas necesarias para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar condiciones laborales adecuadas.
Con esta decisión, la Ciudad suma una nueva reforma destinada a agilizar la gestión pública y eliminar trámites considerados innecesarios, en línea con la política de digitalización y modernización del Estado que viene impulsando durante los últimos años.
